Entre 1884 y 1930, una vez finalizadas las campañas militares que diezmaron a las poblaciones indígenas y saquearon sus tierras (1878-1885), el norte del entonces Territorio Nacional de la Pampa Central -actual Provincia de La Pampa- fue escenario de un proceso acelerado de poblamiento ligado a la explotación rural y promovido por el incipiente Estado nacional. La sanción de diferentes leyes de fines del siglo XIX permitió cumplir con un doble objetivo: por un lado, establecer quiénes serían los nuevos dueños de las tierras conquistadas y, por otro, organizar el territorio al determinar en su redacción, cómo serían las plantas urbanas de los asentamientos a fundarse. Estos nuevos poblados han tenido un proceso de surgimiento, apogeo y continuidad o declinación y abandono en su dinámica poblacional. En el presente trabajo, me centraré en cinco de ellos (dos pueblos y tres colonias agrícolas) que han fracasado en su continuidad poblacional, deviniendo en “pueblos fantasmas”, y los relacionaré con lo redactado en estas leyes con el objeto de generar diferentes expectativas arqueológicas.
Between 1884 and 1930, after the end of the military campaigns that decimated the indigenous populations and plundered their lands (1878-1885), the north of the then National Territory of the Central Pampa -currently the Province of La Pampa- was the scene of an accelerated settlement process linked to rural exploitation, promoted by the incipient national State. The enactment of different laws at the end of the 19th century allowed the fulfillment of a double objective: on the one hand, to establish who would be the new owners of the conquered lands and, on the other hand, to organize the territory by determining in its wording how the urban plans of the settlements to be founded would be. These new towns have had a process of emergence, apogee and continuity or decline and abandonment in their population dynamics. In this paper I will focus on five of them (two towns and three agricultural colonies) that have failed in their population continuity, becoming "ghost towns", and I will relate them to what is written in these laws in order to generate different archaeological expectations.
Entre 1884 e 1930, após o fim das campanhas militares que dizimaram as populações indígenas e saquearam suas terras (1878-1885), o norte do então Território Nacional da Pampa Central - atualmente a Província de La Pampa - foi cenário de um acelerado processo de assentamento ligado à exploração rural e promovido pelo incipiente Estado nacional. A promulgação de diferentes leis no final do século XIX permitiu o cumprimento de um duplo objetivo: por um lado, estabelecer quem seriam os novos proprietários das terras conquistadas e, por outro lado, organizar o território, determinando em seu texto como seriam os planos urbanos das assentamentos a serem fundados. Estas novas cidades tiveram um processo de emergência, apogeu e continuidade ou declínio e abandono em sua dinâmica populacional. Neste trabalho, vou focalizar cinco delas (duas cidades e três colônias agrícolas) que falharam em sua continuidade populacional, tornando-se "cidades fantasmas", e vou relacioná-las ao que está escrito nestas leis a fim de gerar diferentes expectativas arqueológicas.
El presente trabajo forma parte de la investigación, aún en proceso, de mi tesis de licenciatura y se centra en las expectativas arqueológicas generadas a partir del análisis de lo redactado en diferentes leyes sancionadas a partir de la década del ‘70 del siglo XIX. Éstas especificaban cómo serían los parámetros de las plantas urbanas que debían respetar los nuevos poblados a fundarse. Para ello me centraré en dos tipos de asentamientos: las colonias agrícolas y los pueblos surgidos por iniciativa de los propietarios de las tierras (a los que llamaré pueblos espontáneos) establecidos en el Norte de la provincia de La Pampa, en particular en los actuales Departamentos de Realicó, Rancul, Chapaleufú y Maracó. Basaré mi análisis en cinco de ellos (Figura 1):

En la actualidad, las superficies que ocupan los cinco sitios son campos sembrados o grandes pastizales y sólo en Colonia La Alfalfa, Ricardo Lavalle y Mariano Miró se visualizan vestigios de distintas estructuras, las que fueron registradas, para los dos primeros, en las prospecciones realizadas en 2021 por el Dr. Carlos Landa y el Lic. Emanuel Montanari y para el caso de Colonia La Alfalfa, la prospección del año 2022 realizada por la Dra. Virginia Pineau. El asentamiento en Mariano Miró fue largamente estudiado por más de una década por el equipo a cargo de la Dra. Alicia Tapia. Para el resto de los sitios efectué un entrecruzamiento con diferentes fuentes para poder recabar información acerca de la existencia de ellos.
Más allá de identificar y ubicar espacialmente estos asentamientos que no han tenido éxito en su continuidad poblacional, me propuse los siguientes objetivos:
Considero que lo redactado en estas legislaciones podrán ser de utilidad para futuros trabajos arqueológicos en la zona y en aquellas otras regiones del país donde haya sucedido un proceso de poblamiento similar y donde se carezca de investigaciones previas que orienten el trabajo arqueológico.
El área bajo estudio tuvo un irreversible cambio en el patrón de ocupación del espacio entre fines del siglo XIX y el año 1930. En efecto, anterior a las ocupaciones militares que se desarrollaron entre 1878 y 1885, distintos pueblos indígenas habitaban el territorio, interactuando, política y socialmente, con diferentes y dinámicas estrategias de alianzas o enfrentamientos.
Esta asonada militar, denominada historiográficamente como “Conquista del Desierto” o “Campañas al Desierto” significó sangrientas incursiones sobre las comunidades de pueblos originarios que pierden su autonomía y devienen en minorías étnicas subordinadas al poder central (Landa y Tapia, 2020).
Desde el punto de vista económico, este proceso posibilitó incorporar miles de hectáreas de tierras para la explotación agrícola, permitiendo que el incipiente Estado-Nación se insertara en los mercados internacionales y comenzara el proceso de consolidación nacional (Barsky y Djenderedjian, 2003; Barsky y Gelman, 2005; Chaves de Festa, s/f; Djenderedjian, 2008a, 2008b; Djenderedjian et al., 2010; Landa et al., 2017; Ruffini, 2006).
Asimismo, desde el punto de vista simbólico, estas avanzadas militares marcaron el fin de la frontera entendida por las elites criollas como límite entre civilización y barbarie, entre naturaleza y cultura. Naturaleza como lugar carente de estructuración y de leyes organizadoras que pusieran orden ante la anarquía. Civilización como definición y formalidad en contraposición a la confusión y el desorden. De este modo, se intenta establecer orden a través de la aplicación de distintas leyes que se sancionaron a fines del siglo XIX, entre ellas, la que conformó los Territorios Nacionales de 1884, fecha que enmarca el comienzo del presente trabajo (Arias Bucciarelli y Jensen, 2008; Campra, 1998).
Los Territorios Nacionales (en el caso de estudio el Territorio Nacional de La Pampa Central) se constituyeron como entidades jurídicas que, a diferencia de las provincias, fueron simplemente circunscripciones administrativas, carentes de autonomía y sobre las cuales el poder central ejerció el control político, eligiendo a las autoridades gubernamentales, al tiempo que efectuaba el control económico y administrativo. Asimismo, la ley establecía que debía garantizarse el acceso a la condición de estado provincial cuando alcanzaran un determinado número de habitantes, a los que se les permitiría ejercer sus derechos políticos de elegir y ser electo. Sin embargo, esto no sucedió en los 70 años que estuvo vigente la ley, lo que fomentó una serie de relaciones clientelares. Asimismo, la conformación de los Territorios Nacionales le permitió al Estado ampliar sus ingresos fiscales, configurando un importante método recaudatorio (Arias Bucciarelli y Jensen, 2008; Diez, 2006; Ruffini, 2006, 2011).
Si bien la investigación inicia en 1884, es a partir de 1870 que comienzan a sancionarse una serie de leyes que resultan de interés para este trabajo, debido a que -aunque fueron pensadas para las provincias de Buenos Aires, Santa Fe o Entre Ríos que ya formaban parte del incipiente Estado-Nación- a medida que fueron corriéndose las líneas de fronteras, estas leyes fueron aplicadas en los nuevos territorios conquistados, como fue el caso de La Pampa.
Con el objetivo de establecer un análisis de grano fino, estas legislaciones serán divididas en dos grandes grupos:
La autora Chaves de Festa (s/f), grafica en el mapa del Territorio Nacional de La Pampa Central (Figura 2) cómo se efectuó la entrega de tierras a partir de la sanción de la Ley de Fronteras (1878), Ley de Remates (1882) y la Ley de Premios (1885). A partir de esta distribución se entregaron 2.400.000 hectáreas (Bongiovanni, 2010).

A continuación, resumiré en dos tablas algunas de las diversas leyes sancionadas en las últimas décadas del siglo XIX que trataron sobre la tenencia y organización de la tierra para los territorios estudiados (Tabla 1 y Tabla 2).


A continuación, y para poder clarificar lo redactado en las leyes que organizan las plantas urbanas, a modo ilustrativo se graficó en un plano lo redactado en la Ley Nº 817, Ley de Inmigración y Colonización del año 1876 que establece los parámetros para tres escalas de análisis: la escala parcelaria, la escala ejidal y la escala urbana, entre otras especificaciones que detalla:
Como resultado, a partir de la sanción de la Ley Nº 817, en la Figura 3 se grafica una propuesta de cómo se debieron ordenar y trazar las tierras.

Los planos proyectados que surgen de la redacción de distintas leyes son una muestra de la voluntad estatal de organizar el espacio siguiendo pautas racionales, al tiempo que instaura nuevas concepciones de su uso (Djenderedjian, 2008a, 2008b).
Con todo este andamiaje legal, cambia radicalmente la dimensión de análisis respecto de la tierra. Antes de la Conquista, la tierra estuvo ligada integralmente a la cosmovisión de las poblaciones indígenas que las habitaban, a su constitución como individuo, a la construcción de su memoria colectiva, y a todos aquellos temas vinculados con la movilidad para la obtención de vitales recursos y al intercambio con diferentes parcialidades. Luego de la Conquista, la tierra pasó a ser solamente objeto de especulación y renta.
En momentos en que aun el ejército no se había retirado del territorio, el poder central manda mensurar las tierras en 1882 a los agrimensores Domínguez y Maqueda, dependientes del Departamento de Ingenieros Nacionales de los Territorios Nacionales. Esta mensura quedará plasmada en los denominados Libros Azules (Coll y Landa, 2018). Es así que se dispone la trama catastral que dividirá el Territorio en SECCIONES cuadradas de 100 km de lado e identificadas con números romanos y divididas en 4 FRACCIONES (de 50 X 50) designadas con letras mayúsculas y que a su vez se dividen en 25 LOTES enumerados desde el ángulo norte y subdivididos cada uno de ellos en 4 PARCELAS denominadas en letras minúsculas (Chaves de Festa, s/f; Bongiovanni, 2010). (Figura 4). De este modo queda conformado el Territorio Nacional de La Pampa Central concretado en 1884 con la sanción de la Ley Nº 1532, Ley de Organización de los Territorios Nacionales.

Este incipiente Estado-Nación estaba muy interesado en que los territorios conquistados fuesen rápidamente poblados con un doble propósito; por una parte, garantizar que las diezmadas poblaciones indígenas no reocuparan el territorio saqueado, y, por otro lado, acelerar la puesta en producción de estas tierras para concretar el proyecto de país agroexportador (Barsky y Djenderedjian, 2003; Chaves de Festa, s/f). Para ello, el poblamiento de la región a través del fomento de la inmigración fue una política deliberada de Estado.
De esta forma comienzan a poblar la región distintos actores sociales: militares, indígenas, agentes de gobierno, empresarios ferroviarios, comerciantes, terratenientes, trabajadores golondrina y rurales, entre otros, y sobre todo, los inmigrantes extranjeros.
Paulatinamente, este espacio social se va reconstruyendo y reconfigurando. Muchos de estos nuevos pobladores guardan escaso vínculo con el territorio lo que requiere de un aprendizaje de este nuevo espacio, tanto social, ambiental como simbólico. Considerando que el espacio social configura el elemento constitutivo de la identidad y es el anclaje de la memoria colectiva, el inmigrante, recién llegado, con idiomas y religiones diferentes, con distintas ideologías y distintas teorías libertarias, con aspiración de lograr un ascenso en la escala social y con sus derechos políticos cercenados, generó un vínculo y un sentimiento de pertenencia muy particular respecto de este nuevo territorio en el que debieron organizarse como comunidad y lograr cohesión social (Arias Bucciarelli y Jensen, 2008; Criado Boado, 1999; Tapia, 2011).
Así se comienza a tejer un entramado social cada vez más complejo y con conflictos sociales más violentos. En efecto, durante el periodo bajo estudio (1884-1930) se incrementan y radicalizan los conflictos sociales producto de una conjugación de diferentes factores. Como señalara anteriormente, la inmigración significó la circulación de nuevas ideas culturales y, sobre todo, políticas como las anarquistas, comunistas y socialistas que cada vez contaban con más adherentes que bregaban por la conquista de diferentes derechos, entre otros, electorales y laborales. Por otra parte, el desarrollo del sistema capitalista cada vez más consolidado, implicó enfrentamientos entre las distintas clases sociales como expresión inherente a este sistema económico. De este modo, se acentuaron los conflictos entre terratenientes y colonos o empresarios y obreros que desataron una serie de huelgas y reclamos por mejoras tanto salariales como en lo que respecta a las condiciones de trabajo. Otro punto de conflicto y que incrementaba los enfrentamientos entre terratenientes y colonos, eran los relacionados con las condiciones de contratación que perjudicaban y sometían a los campesinos a contratos leoninos. Malas cosechas (producto de sequías, lluvias intensas, mangas de langosta, entre otras causas) hacían peligrar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, con las consecuentes represalias a los que se los sometía (Ansaldi, 1990).
A medida que los diferentes actores sociales van tomando mayor conciencia de su condición de clase y ante la imposibilidad de ejercer libremente sus derechos políticos de elegir y ser electo, surgen distintas formas de canalizar sus aspiraciones políticas y dar respuesta a diferentes reclamos. Es así como comienzan a surgir diferentes instituciones: sociedades de fomento, organizaciones de distintas colectividades o aquellas vinculadas a diferentes oficios, organizaciones deportivas o sindicales, donde poder ejercer un reclamo aunado por sus derechos y brindar, a través de ellas, respuestas favorables (Arias Bucciarelli y Jensen, 2008; Diez 2006; Ruffini 2006, 2011).
Por otra parte, es un periodo en el que proliferan los diarios y periódicos partidarios a través de los cuales no sólo se difundían las distintas ideologías, sino que también se llamaba a organizarse en boicots y huelgas.
Toda esta serie de conflictos llevó a que el Estado-Nación sancionara una serie de leyes represivas como la de Residencia (Ley N° 4144 del año 1902) y de Defensa Social (Ley N° 7029 del año 1910) en las que se expulsaba a los extranjeros que perturbaran el orden público o pusieran en riesgo la seguridad nacional como así también, se reprimió fuertemente la actividad sindical con la acción directa de la represión ejercida por las fuerzas del orden (Ansaldi, 1990).
Es durante este periodo en que el conflicto cambia su centro: antes de 1884 la lucha estuvo ligada a la conquista de territorios con un doble propósito, apropiarse de tierras productivas y exterminar a las poblaciones indígenas que las ocupaban. Una vez logrado este objetivo, los conflictos estuvieron ligados a luchar por la conquista de distintos derechos.
La otra política de Estado que fue clave en la dinámica poblacional de la región y que significó una verdadera revolución, fue el ingreso del ferrocarril. Su incidencia no sólo transformó el paisaje natural, sino también fue el motor principal en la transformación del paisaje social-cultural y económico. Asimismo, produjo una sucesión de cambios que se retroalimentaron:
Sin embargo, su paso por la vera de numerosos poblados, no fue condición suficiente para que se garantizara su continuidad poblacional. Este es el caso que sucedió con los dos pueblos espontáneos que se analizan en este trabajo: Mariano Miró y Ricardo Lavalle, ambos ubicados a la vera de un trazado ferroviario (FF.CC. del oeste y sur respectivamente) pero que, a pesar de ello, no fueron exitosos en su continuidad poblacional (Martínez, 2016, 2017; Randle, 1969).
De acuerdo a lo señalado anteriormente, una multiplicidad de poblados surge en el periodo bajo estudio. Sin embargo, distintos factores impactarán y se conjugarán para que suceda el abandono. La fuerte crisis económica a escala global que produjo la Gran Depresión del año 1929, impactó fuertemente en Argentina, donde comenzó un proceso paulatino de despoblamiento del área bajo estudio. Al mismo tiempo, y agravando el impacto de la crisis en la producción agrícola, 1930 fue el año de otro conflicto a escala local, esta vez político: el golpe de Estado del General Uriburu al gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen, que coadyuvó a la desarticulación de la estructura productiva.
Según lo dicho precedentemente, la problemática de estudio aquí planteada está orientada a comprender, desde la perspectiva de la Arqueología Histórica, el proceso de poblamiento y abandono de determinados asentamientos fallidos ubicados en el norte de La Pampa en los departamentos de Chapaleufú, Maracó, Realicó y Rancul. Así desde la perspectiva de la Arqueología del Abandono o de los Pueblos Fantasmas, enmarcada en los preceptos de la Arqueología Histórica, se ha abordado el estudio de este tipo particular y complejo de sitios, conocidos en el mundo anglosajón como “ghost towns” (Lawrence y Davies, 2010; Peyton, 2012). Tanto en la arqueología norteamericana como en el caso de América del sur, particularmente en Chile con los trabajos de Vilches y colaboradores (2008) -enfocado en sitios vinculados a la extracción de salitre- y de Fuentes (2010), las investigaciones se centraron en el estudio de pueblos inmersos en la producción capitalista, y analizar las posibles causas del abandono.
El comportamiento del abandono y su impronta en el registro arqueológico fue largamente estudiado por la disciplina. Estos estudios vinculan el abandono de sitios con un conjunto de procesos que produce el depósito de artefactos. La cantidad y variabilidad de desechos estará condicionada por las características del abandono (súbito/lento – planificado/no planificado).
Cuando el abandono sucede de manera súbita es de esperar que la mayoría de los objetos se encuentren en el registro arqueológico ubicados en el contexto donde se han usado o consumido al momento del evento. Por lo tanto, habrá una mayor variabilidad y densidad de ítems (Schiffer, 1990).
Sin embargo, cuando el abandono sucede de manera, paulatina y planificada, como por ejemplo lo sucedido en Mariano Miró, es esperable que el registro arqueológico refleje pocos o escasos ítems completos porque la mayoría fue transportado a la nueva locación, por lo tanto, se espera una menor variabilidad y densidad artefactual. Es mediante el análisis distribucional de los materiales lo que permitirá inferir cuál ha sido el factor preponderante que motivó el abandono y de qué modo sucedió (Landa et al., 2017; Pineau et al., 2014).
De los cinco sitios analizados en el presente trabajo, sólo el pueblo de Mariano Miró cuenta con investigación arqueológica generada por los pormenorizados trabajos realizados desde hace más de una década por el equipo de la Dra. Tapia. En el caso de Ricardo Lavalle, la Dra. Bongiovanni llevó adelante en el año 2010 una investigación histórica orientada a alcanzar resultados no arqueológicos. Los restantes sitios, no fueron objeto de estudio hasta el momento.
Como consecuencia de ello, y siguiendo los lineamientos de la Arqueología Histórica y la Arqueología de los Pueblos Fantasmas, efectué un entrecruzamiento con distintas fuentes documentales (escritas, cartográficas y orales, sumado a las investigaciones ya mencionadas) para poder abordar este estudio y corroborar o refutar la existencia de estos sitios que sólo eran observados en la cartografía.
Para el logro de esta meta se utilizaron las siguientes vías analíticas, jerarquizadas de acuerdo a la información sustancial que aportaron a la investigación. Sin embargo, todas se integraron para brindar una mayor información.
Dada la escasa información en la mayoría de estos poblamientos, considero que estas leyes que sancionan de manera estricta los parámetros de los trazados urbanos, podrían resultar ser una herramienta metodológica de gran utilidad para generar distintas expectativas arqueológicas en cada poblamiento fallido con escasa o nula visibilidad siendo el caso de los cinco asentamientos bajo análisis en el presente artículo.
Como señalara, el trabajo se centra en dos tipos diferentes de poblamientos: las colonias agrícolas y los pueblos espontáneos. Ambos se encuentran estrechamente vinculados al ámbito rural y su diferenciación es sólo cualitativa y no cuantitativa. Es decir, su diferencia está marcada por las distintas funcionalidades que se desarrollaron en cada uno de ellos y no por superar una arbitraria cantidad de habitantes.
Se define como una colonia agrícola a aquella extensión de tierra que se adjudicó luego de la Campaña del Desierto a un escaso número de familias terratenientes que dividen su propiedad en múltiples lotes para dar en arrendamiento o en aparcería, sobre todo a migrantes. Esta colonización se llevó a cabo de dos maneras: una propiciada por el Poder Central en sus tierras fiscales y la otra, aquella en la que el propietario de la tierra la entrega a las Empresas Colonizadoras, dirigidas por un capitalista que obtenía a cambio préstamos del Banco Hipotecario a muy baja tasa para organizar la infraestructura, como un área mínima de servicio, alambrados y caminos vecinales de acuerdo a como lo imponía la ley (Gaignard, 1989; Pesoa Mansilla, 2016; Randle, 1969).
Defino como pueblo espontáneo a aquel que nace por la iniciativa del propietario de la tierra que se interesa en fundar allí un poblado, como el caso de Ricardo Lavalle. La ley de Inmigración y Colonización establecía que el propietario debía presentar ante la oficina de Tierras y Colonias -organismo estatal- la solicitud y los planos correspondientes y, al mismo tiempo, les ofrecía a las empresas ferroviarias la construcción de una estación con la garantía de una buena carga de granos.
Como mencionara anteriormente, la integración de distintas vías de análisis, -según los lineamientos de la Arqueología Histórica en la que se enmarca el presente trabajo-, enriquece el estudio y permite comprender y reflexionar acerca de este dinámico proceso de poblamiento. En efecto, el abordaje de diferentes investigaciones arqueológicas -realizadas sobre todo en el sitio de Mariano Miró-, conjuntamente con el análisis cartográfico y, sobre todo, con el estudio de las distintas leyes aquí mencionadas me permitió generar diferentes expectativas arqueológicas.
Sobre su trazado cuadricular, se distinguen en ellas dos sectores con distintas expectativas arqueológicas: por un lado, el área rural y por otro, el ejido de la colonia que constituía un área mínima de servicios (Figura 5). Cabe señalar que no todas las colonias tuvieron ejido en el devenir de su existencia. En este sector (o sector urbano de la colonia) es esperable un área mínima de servicios como la comisaría, carnicería, almacén, boliche, etc. Se espera entonces, siempre respecto del área rural de la colonia, una mayor concentración de rasgos arquitectónicos de distintas estructuras como la comisaría, el almacén, la carnicería, la escuela (Figura 6), una mayor concentración y variabilidad en el registro arqueológico y una materialidad especializada en distintas actividades productivas.
Por su parte, en el área rural se espera, respecto del sector de ejido, un menor número y mayor dispersión de rasgos arquitectónicos como viviendas, corrales, gallineros, etc., una menor densidad y concentración artefactual y una mayor dispersión de materiales. Es también esperable distintas estructuras como silos y una mayor variabilidad de elementos de labranza, amojonamientos y alambrados y caminos vecinales, según lo redactado en las leyes analizadas.


Los analizados en esta investigación se enclavaron a la vera de la vía ferroviaria. Como señalara, no todos los pueblos que se fundaron en el periodo bajo estudio tuvieron ferrocarril. Este tendido ferroviario les dio una traza particular determinada por la vía férrea la que, a su vez, estructura la planta urbana (Figura 7).
En ellos podemos distinguir también dos sectores con distintas expectativas arqueológicas, unidos por una calle principal: el pueblo propiamente dicho y el área del ferrocarril (Figura 8).
En el pueblo propiamente dicho esperaríamos una mayor concentración y variabilidad de distintas estructuras: habitacionales, comerciales como pulperías, almacén de ramos generales, fondas, etc. y administrativas como correo, escuela, comisaría, bancos, Juzgados de Paz, etc.
En el área del ferrocarril es esperable distinguir distintas estructuras más allá del andén y la vía: unas relacionadas con la estación como la boletería, la sala de espera, baños y talleres. Otras vinculadas al depósito de distintas mercancías como silos, galpones o estructuras para acopio de leña. Es también esperable la casa del jefe de estación, postes telegráficos, pozos y tanques de agua (Figura 9).



La integración de distintas vías de análisis (bibliografía, censos poblacionales, cartografía histórica, la teledetección de los sitios, informantes locales, etc.) permitió tomar conocimiento de los cinco pueblos objeto de esta investigación y al relacionar los datos obtenidos a través de estas fuentes con lo sancionado en diferentes Leyes Nacionales, se logró de este modo generar expectativas arqueológicas.
La Ley de Ejidos del año 1870, establecía en su articulado que, más allá de dividir el pueblo de forma concéntrica en pueblo o solar, chacras y quintas, las casas construidas en las manzanas cercanas a la plaza principal del pueblo, debían ser edificadas con adobe crudo o cocido y los cercos que las delimitaban serían también confeccionados del mismo material.
Por otra parte, la Ley de Inmigración y Colonización (graficada en la Figura 3) más allá de la división concéntrica territorial en tres escalas, establecía el ancho que debían tener cada una de las calles principales, las de circunvalación y las medidas de los caminos vecinales y que cada manzana mediría 100 metros “de costado” (Ley Nº 817, art. 74). En su articulado se ordenaba que los lotes rurales destinados a la colonización debían ser amojonados.
En cuanto a la Ley de Formación y Organización de los Centros Agrícolas, sancionaba que cada chacra no podía tener una dimensión menor a 20 hectáreas ni mayor a 100. En su articulado se ordenaba que toda vez que una población agrícola excediera los 150 habitantes, la Dirección General de Escuelas debía dotar a la colonia de una escuela primaria (art. 21). Tomando este artículo en cuenta, es posible pensar que Colonia La Alfalfa en sus años de existencia haya superado la cifra estipulada de habitantes ya que el Sr. Amateis, nacido y criado en la colonia y que acompañó al Dr. Landa y al Lic. Montanari en la prospección que realizaron en 2021, señaló en el terreno los restos de la escuela (Figura 6). Es con la presencia del Sr. Amateis que cobra relevancia la figura del informante local. En efecto, su contribución se realizó tanto en las prospecciones realizadas en el año 2021 como en el año 2022 acompañando a la Dra. Pineau y señalando en el territorio los restos arquitectónicos de la carnicería de la colonia, el destacamento policial y el boliche, entre otras estructuras.
Por otra parte, la Guía Comercial de La Pampa de 1914 señala que, en Mariano Miró, más allá de otros establecimientos comerciales que son esperables en un pueblo, también contaba con un hotel.
Sumado a la fuerte presión económica ejercida por los terratenientes sobre los colonos que jugó un destacado papel en el proceso de abandono de estos poblados, debemos considerar que, en particular, en esta región y durante este periodo analizado, se conjugaron una serie de diferentes factores para que el abandono sucediera. Por un lado, los problemas ambientales como sequías, mangas de langosta, nevadas en 1923, etc. hicieron fracasar las cosechas, agudizando la crisis económica e imposibilitando el cumplimiento de los contratos. A ello se suman los conflictos de índole social cada vez más violentos, con la consecuente respuesta gubernamental: redacción de leyes represivas o la acción directa de las fuerzas del orden. A este malestar social, debe agregarse la imposibilidad de los habitantes de los Territorios Nacionales de poder elegir sus propios destinos políticos. Es decir, considero que una multiplicidad de factores, con diferentes pesos relativos, se conjugaron para que el proceso de abandono se concretara.
Es menester reiterar que las leyes1 analizadas para generar las expectativas arqueológicas postuladas fueron pensadas para aplicarse en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe que ya formaban parte del incipiente Estado-Nación, a medida que se saqueaban y conquistaban nuevos territorios, era imperioso poblarlos y poner estas tierras en explotación. Tomando en cuenta la premura del poder central de organizar estos nuevos espacios es de esperar que estas leyes se aplicaran en ellos.
Sin embargo, es preciso recordar que una Ley es, solamente, una propuesta teórica que pudo o no concretarse en el terreno, pero que puede ser una herramienta útil para contrastar en el campo, sobre todo en este tipo de pueblos denominados fantasmas que tienen nula o escasa visibilidad.
Por otra parte, resulta fundamental contemplar que diferentes procesos tafonómicos pudieron haber actuado a lo largo de los años, sobre todo en aquellos sitios que son o fueron campos sembrados: impacto del arado, el pisoteo y las alteraciones que pudieron haber sufrido materiales como la cerámica y el vidrio entre otros.
Por último, tener presente que cada sitio es único y particular y que estas leyes son sólo orientativas y que un equipo de trabajo arqueológico especializado en el área rural -tanto en la región del presente trabajo como en otras áreas donde hayan sucedido procesos similares- podrá contrastar su utilidad y verificar los motivos del abandono.
1. Sancionadas antes de conformarse el Territorio Nacional de La Pampa en 1884..
Al Dr. Landa y el Lic. Montanari por su apoyo y orientación para el desarrollo de mi tesis.
Al Dr. Luis Coll que, como siempre, brindó su generosa colaboración con este proyecto.
Al Sr. Cristian Rodriguez, al Sr. Luis Dalmasso y al Sr. Norberto Amateis por su compromiso e interés en el tema.
Agradezco el apoyo y financiación por parte del Proyecto UBACYT Nº 20020170100060BA (2018-2020) dirigido por la Dra. Alicia Tapia (FFyL, UBA).
A los revisores que han analizado, corregido y enriquecido este trabajo.
Ley 695. Ley de Ejidos. 31 de octubre de 1870.
Ley 817. Ley de Inmigración y Colonización. 6 de octubre de 1876.
Ley 947. Ley de Frontera. 4 de octubre de 1878.
Ley 1265. Ley de Remate Público. 24 de octubre de 1882.
Ley 1532. Ley de creación de los Territorios Nacionales. 16 de octubre de 1884.
Ley 1628. Ley de Premios. 5 de septiembre de 1885.
Ley 1969. Ley de Formación y Organización de Centros Agrícolas. 22 de noviembre de 1887.
Ley 4144. Ley de Residencia. 25 de noviembre de 1902.
Ley 7029. Ley de Defensa Social. 8 de julio de 1910.
Censos Nacionales de población: 10 de mayo de 1895 y 1 de junio de 1914.
Censos de los Territorios Nacionales: noviembre 1912 y julio 1920.
Censo Nacional Ganadero: 1 de julio de 1930.
Censo Nacional Agropecuario: 30 de junio de 1937.
Guía Comercial de La Pampa 1914 www.humanas.unlpam.edu.ar/fchst/extension/proyectos/pdf_proymoroni/1.gu%eda%20de%20la%pampa_1914.pdf
Diarios de viajeros
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